El Gobierno nacional publicó el pasado 9 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial la Ley 27.801, que establece el nuevo marco legal para la responsabilidad penal de adolescentes en el país.
La norma define que el régimen penal se aplicará a personas de entre 14 y 18 años que sean imputadas por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Según establece la ley, el objetivo del nuevo sistema es fomentar la responsabilidad de los adolescentes por sus actos, pero al mismo tiempo promover su educación, resocialización e integración social, priorizando medidas que favorezcan su reinserción.
Derechos y garantías durante el proceso
La normativa también establece que los adolescentes imputados deberán contar con todas las garantías constitucionales, entre ellas el derecho a defensa, asistencia legal desde el inicio del proceso y el respeto del debido proceso.
Además, el proceso judicial tendrá carácter reservado, por lo que se prohíbe la difusión pública de datos que permitan identificar al menor involucrado.
Otro de los puntos centrales es que la privación de la libertad será considerada una medida excepcional, que solo podrá aplicarse cuando existan riesgos procesales concretos y deberá cumplirse en establecimientos especialmente acondicionados para menores de edad.
Medidas educativas y de reinserción
La ley incorpora diversas medidas alternativas a la prisión, orientadas a la formación y reinserción social de los adolescentes.
Entre ellas se incluyen:
asistencia a programas educativos
capacitación laboral
participación en actividades deportivas, culturales o recreativas
programas de formación ciudadana
tratamientos médicos o psicológicos
prestación de servicios comunitarios
El objetivo de estas medidas es reducir la reincidencia y favorecer la integración social del joven.
Penas y límites del sistema
En los casos más graves, la ley contempla penas privativas de libertad, aunque establece límites específicos para adolescentes.
Entre los principales puntos se destacan:
queda prohibida la prisión perpetua para menores
la pena máxima de prisión será de 15 años
el cumplimiento de la pena deberá orientarse a la educación, formación y reinserción social
Asimismo, la norma prevé que los adolescentes detenidos deberán ser alojados en institutos especializados y separados de personas adultas.
Implementación del nuevo régimen
La ley también dispone la derogación del antiguo régimen penal juvenil (Ley 22.278) y establece que el nuevo sistema entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales para aplicar el nuevo régimen en sus jurisdicciones.
