Piden una cautelar federal para frenar el dragado “extractivista” del río Paraná

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, junto con la organización ecologista Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) de Ramallo, presentó una solicitud de urgente resolución a la Justicia Federal de San Nicolás. En el escrito solicitan que no se avance en más con las profundizaciones del cauce principal del río Paraná, ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación –de la mal denominada hidrovía–, “en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda”, señala el comunicado. Intervenir ensanchando y profundizando el canal sin estudio de impacto ambiental es “ecocida”, fustigaron.

“Basta de más profundización artificial extractivista del río Paraná”, señala el documento los abogados ambientalistas y la ONG UPVA. “Intentar, en semejante escenario, avanzar con intervenciones de ensanchamiento y profundización de cauces, a los efectos de garantizar bodegas completas en su capacidad de carga, de los barcos de ultramar o los que sean según los tramos del río Paraná Medio o Inferior, sin cumplir, aplicar y respetar los procesos necesarios de estudios de impacto ambiental acumulativos como la realización de una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional”, sostuvieron.

Las entidades también denuncian que por recientemente la Administración General de Puertos concretó la modificación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y dragado, habilitando profundizar el cauce y los ensanchamientos. “Expresamos nuestro total repudio a esta medida inconstitucional y violatoria de todos los procesos participativos previos como preventivos, de absoluto agravio al federalismo de concertación, en atención a que son las Provincias y sus pueblos las titulares de los bienes naturales existentes en el valle de inundación en todas sus diversidades y vitalmente, sus ríos. Ignorar las atribuciones y derechos de las Provincias y sus pueblos, es de una gravedad institucional, en el contexto expuesto y en relación a sus impactos negativos, que nos lleva a denunciar como un ecocidio más que anticipado por el conjunto de los movimientos ambientales, sociales y de otras escalas humanas de la cuenca en su conjunto”.

De la Redacción de ERA Verde