El Gobierno confirmó la desregulación de las obras sociales y las prepagas ya hablan de nuevos aumentos

Finalmente el Gobierno oficializaría mañana la reglamentación del capítulo del mega DNU que desregula el sistema de obras sociales. La medida, que busca que los trabajadores puedan optar libremente por los servicios de las prestadoras que administran los sindicatos o las prepagas, no sólo puso en alerta a la CGT sino a las empresas de medicina privada que advierten que podrían recurrir a la Justicia para frenar los cambios o bien aumentar las cuotas para solventar los mayores costos que les demandará el financiamiento del sistema solidario de salud.

Es que esta normativa, que según fuentes oficiales se publicaría este martes en el Boletín Oficial, abre un escenario de conflicto con las empresas de medicina prepaga porque en sus considerandos plantea que éstas “se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) por el total de la cuota que reciben”. Es decir, las firmas deberán hacer frente a mayores erogaciones.

“Aún tenemos las cuentas en problemas. Los últimos aumentos fueron altos pero el atraso de 2023 fue enorme, de más de 80 puntos. No hay forma que esta mayor suba de costos no impacte en las cuotas de los clientes”, advierten en el sector anticipando, así, un mayor ajuste en las facturas.

En principio, la reforma obligaría a las firmas de medicina privada a aportar un 20% de lo que recaudan de sus clientes al FSR. Hasta ahora ese fondo solo se nutría del 15% de los aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores aportaban a las obras sociales sindicales, recursos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Desde hace meses los gremios alertan que un 90% de esos recursos se destinan para atender los servicios para discapacitados -fueron unos $57 mil millones en enero- relegando el financiamiento de los tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo, para los que originalmente fueron destinados.

En principio, los cambios reglamentarios afectarían a las obras sociales más chicas pero no al grueso del sistema. Sí la nueva imposición tendría rápidos efectos para las cuentas de las prepagas. “Hoy no aportan al Fondo, y por eso pueden pedir un amparo por considerar que se les fija un nuevo impuesto por decreto”, explicaron fuentes empresarias.

Desde la mesa chica de la CGT, en tanto, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), aseguró que los problemas de fondo del sistema de salud no se solucionan con dichas enmiendas. “La desregulación de las obras sociales ya está desde la década de los ’90, lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo puede hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese”.

Lo que la nueva reglamentación dispone, según Lingieri, es la eliminación de la “triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas”, por lo que ahora el trabajador podrá hacer el aporte directamente a la empresa de medicina privada en caso de elegir esa cobertura.

clarin