Acuerdo Ciudadano: No podemos quedarnos “tranquilos” por el conflicto con Arcor

La reciente situación que ha generado indignación y malestar en la población tiene que ver con la PREADJUDICACION de la entrega de viviendas construidas sobre un terreno donado por la empresa ARCOR con la finalidad exclusiva de reubicar a personas residentes en la zona del bajo puerto en el año 2004. Según denuncias, el gobierno municipal ha desoído los reiterados avisos, en forma de carta documento y reuniones previas con la empresa, poniendo en riesgo la legalidad del proceso de sorteo y entrega de las mismas. A dos meses antes de la fecha para la terminacion, la justicia aprobo una medida cautelar para que anule dicha acción. La Municipalidad aseguro que no hay nada de que preocuparse y anunciaron acciones legales para evitar la nulidad del sorteo

El equipo de Acuerdo Ciudadano ha emitido un comunicado en el que expresan su profunda preocupación por la situación actual del gobierno municipal de San Pedro.Considera que esto es un ejemplo de la falta de respeto por la legalidad y la seguridad jurídica, y que constituye una falta ética y moral por parte de los funcionarios que desprecian las normas. Po último solicitan al gobierno del intendente Cecilio Salazar que cumpla con la mínima responsabilidad de ejercer el gobierno legal y responsable, tanto en lo económico-financiero como en lo institucional, para llegar a las próximas elecciones y permitir un recambio de gobierno si la gente lo requiere en las urnas, como se lo expresa en la calle y en las encuestas.

“NOS PREOCUPA CADA DIA MAS LA DEBACLE DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL”

Nuevamente nos encontramos con una ¨crónica de un papelón anunciado¨, teniendo a los ciudadanos de San Pedro como rehenes de las malas prácticas gubernamentales.
Que el gobierno municipal haya desoído los reiterados avisos, en forma de carta documento y de reuniones previas con la empresa ARCOR, poniéndolos sobre aviso del irregular proceder al pretender sortear y entregar viviendas construidas sobre el predio donado con el único y exclusivo fin originario de ¨reubicar a las personas residentes en la zona del bajo puerto, a cuyos efectos, la empresa mencionada, los donó con ese cargo, y en un todo de acuerdo cómo lo manda la Ordenanza 5422 del año 2004, es una nueva muestra de omnipotencia, soberbia e impunidad que respira por poco tiempo más, un grupo de funcionarios que desprecian las normas jurídicas que manda la población a través de sus representantes.
Usar propiedades con una finalidad específica y determinada para resolver conflictos habitacionales ya pre determinados, que permitirían, en este caso, el desarrollo de una economía más próspera, involucrando a el Puerto de San Pedro, para hacer populismo barato entre sus seguidores, y pensar que las normas solo se les aplican a los contribuyentes y no a los funcionarios, constituye no solo una falta ética y moral, sino también un gravísimo ejemplo de la falta de respeto por la legalidad y la seguridad jurídica, que es fundamental para que haya inversiones. Es gravísimo lo que ha ocurrido, al haberse querido utilizar patidariamente los recursos de todos los ciudadanos para un sorteo o pre adjudicación de las 84 Viviendas, en violación a las normas jurídicas de público conocimiento, para crear con ello falsas expectativas a quienes con necesidad e ilusión participaron en tal acto político. Se trató de la utilización y explotación de las necesidades más básicas de las personas más vulnerables de la población con fines egoistas.
La preocupación por estos últimos manotazos de ahogado de una administración, endeudada y a la deriva, se hace extensiva a la inseguridad descontrolada, a un puerto con recursos cajoneados y sin gestión, a una economía estancada, en una ciudad que decrece en comparación con las demás ciudades vecinas, y que solo aparece en los medios nacionales para avergonzar a sus habitantes, visibilizando un deterioro institucional que ya no se puede ocultar debajo de la alfombra.
Una vez más le pedimos al gobierno del intendente Cecilio Salazar que cumpla con la mínima responsabilidad de llegar a las próximas elecciones, y a un recambio de gobierno, si la gente lo requiere en las urnas, como se lo expresa en la calle y en las encuestas, de la manera más prolija y ordenada posible, no solo en lo económico/financiero, sino también en lo institucional.
Los “manotazos de ahogado” para recuperar el tiempo perdido en 8 años de gestión están causando más daño que soluciones.

Finalizando el comunicado brindo datos por los cuales han investigado la situacion:

Mediante el Expediente Administrativo Nº 4107-2473/04, iniciado por la Empresa INDALAR S.A., según su nota de fecha 31 de Mayo de 2004, se sancionó la Ordenanza N° 5422, con fecha 08/07/2004. Por la misma, el Municipio de San Pedro aceptó la donación ofrecida por la Empresa INDALAR S.A. consistente en dos fracciones de terreno baldío de su propiedad, Circunscripción I Sección M, Chacra 40 Parcela 1 y Parcela 29ª con una superficie de 29762 m2 y 30.056,23 m2 respectivamente.

El Art. 2º de la citada Ordenanza, expresa taxativamente:
“La presente donación está condicionada al cumplimiento de lo siguiente:

a) Que las fracciones de terrenos ofrecidas en donación se utilicen única y exclusivamente para la construcción de las viviendas, que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas actualmente en los terrenos propiedad de la donante.- Los terrenos desocupados serán destinados a la construcción de la terminal portuaria proyectada.

b) Que la Municipalidad de San Pedro, realice los trámites y asuma todos los gastos necesarios para la realización de la escritura traslativa de dominio correspondiente a la presente donación, que se efectuarán mediante la intervención de la Escribanía General de Gobierno.

c) Para el supuesto del incumplimiento de estas condiciones, INDALAR S. A., podrá revocar la donación y exigir la devolución de las fracciones de terreno precedentemente detalladas en el Art. 1° de la presente Ordenanza

Martin Rivas – Ariel Rey – Andrés Ferrari y equipo.