Durante 8 jornadas, el fiscal federal acusó a la vicepresidenta de haber sido la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Cristina Kirchner sumó el respaldo de 500 intendentes que denunciaron “persecución judicial”.
El fiscal federal Diego Luciani reanudará este lunes el tramo final de su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, en la que acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Se espera que hoy culmine la presentación de pruebas y que luego solicite los pedidos de pena para los acusados, además de plantear que se les impida la posibilidad de ejercer cargos públicos de por vida.
Una vez que el fiscal haya presentado los pedidos de condenas, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los 13 acusados preparen sus alegatos de defensa.
Causa Vialidad: cómo será el último día de los alegatos
Durante 8 jornadas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se detuvieron en describir los delitos que impulsarán su petitorio: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Con un registro didáctico, fueron enfáticos al presentar su hipótesis, sin escatimar en ejemplos ni comparaciones, con el propósito de que cualquier persona que accediera a ver su presentación pudiera comprenderla, y quizás, indignarse junto con ellos.
Sin dudar, aseguraron que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”; revelaron cómo se habría orquestado el “direccionamiento” de las licitaciones de obras viales en Santa Cruz; hablaron de “canales exclusivos” para cobrar los contratos ilegales; de una “manada de elefantes rosas” que nunca habrían detectado los encargados de controlar el cumplimiento de los acuerdos firmados; y, del “plan para limpiar todo” que habría ordenado la retirada cuando el kirchnerismo perdió la elecciones en 2015.
Después de escuchar sus argumentos, se espera que los fiscales soliciten la pena máxima prevista por el Código Penal. Aunque Luciani y Mola se mantienen herméticos con la prensa para que no se filtre el monto del castigo que requerirán para cada procesado, podemos asegurar que tienen todo decidido.
Vialidad: la fiscalía podría solicitar la pena máxima contra Cristina Fernández de Kirchner
El viernes pasado Diego Luciani se refirió a la calificación penal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.
El fiscal consideró que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios, que perduran en el tiempo con el fin de manipular, direccionar, avasallar la rectitud de las licitaciones públicas, con el consecuente saqueo de las arcas del Estado, como ha ocurrido en este caso, es perfectamente posible y adecuado encuadrar las acciones delictivas, en el delito de asociación ilícita”.
A su vez, el fiscal Sergio Mola delineó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sostuvo que a excepción de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y los demás ex funcionarios públicos nacionales o provinciales, tenían a su cargo la administración del patrimonio público.
En este aspecto, Mola apuntó que “la ex presidente tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel, para que llevaran a cabo de manera sostenida la maniobra”.
Es así que concluyeron que la supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado, tenía como jefes al fallecido Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. En tanto, sus organizadores eran De Vido, López y Periotti. Los demás fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta.
Causa Vialidad y la acusación a Cristina Fernández de Kirchner: qué establece el Código Penal
De este modo, el articulo 210 del Código Penal, establece que “será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación”.
En tanto, el artículo 172 , en el capítulo de Estafas, fija la sanción de un mes a seis años, para quien cometiera fraude.
Como los delitos son en concurso real (es decir que se encuadra más de una figura delictiva) podrán sumarse las penas en lugar de correr simultáneamente.
De este modo, los fiscales podrían calcular para Cristina Kirchner hasta 16 años de prisión, y para los demás acusados, podrían evaluar la escala penal, tomando en cuenta su grado de responsabilidad en la organización, sus condiciones personales o sus antecedentes.
Vialidad: qué dijeron los fiscales sobre el destino del presunto dinero robado
Para la fiscalía, Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner. Como parte de la trampa, desvió una porción considerable de los fondos públicos percibidos en concepto de adelantos financieros y otros certificados de obra, para la compra de tierras en Santa Cruz.
Explicó que el dinero se debió invertir en los contratos analizados en Vialidad, pero “mientras aparentaban hacer las obras, sumaban estancias”. Finalmente solo 3 obras se completaron, y el resto quedó inconclusa o abandonada.
Según detalló Luciani, el empresario compró 293 inmuebles y 972 vehículos, entre autos y máquinas de vialidad.
También presentó un testamento firmado por Lázaro Báez en julio de 2010, donde dispuso que sus bienes no pudiesen ser distribuidos entre sus herederos legítimos por el término de 30 años después de su fallecimiento.
El fiscal valoró ese documento como una expresión de la relación directa que mantuvo con los ex presidentes, porque el objetivo era evitar que estos bienes ingresen al patrimonio de sus herederos legítimos (sus hijos) y asegurarle a sus auténticos dueños la continuidad de los beneficios.
En definitiva, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Báez era titular de 415 mil hectáreas en la provincia de Santa Cruz, equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani dijo que “en estas propiedades está la plata que no pusieron en las rutas”.
FUENTE A24
