12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El día 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, promoviendo así el análisis y reflexión histórica, el diálogo intercultural, el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios que se encuentran en el territorio de lo que hoy es la Nación Argentina. Recordemos que hasta el año 2010, esta fecha se denominaba “Día de la Raza”, aludiendo a la llegada de Colón y la corona española al territorio continental. A partir de 2010, nuestro país decide cambiar el nombre anterior por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significado que respete y sea coherente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. De esa forma, se establece un cambio de paradigma y se da espacio al reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), es un organismo creado para promover y proteger los derechos de los pueblos originarios a través de las políticas que se establecen, planifican y definen con la participación de los mismos pueblos y comunidades. Por medio de la ley 23.302 (1985), se crea este Instituto y se declara “de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.”.

Más tarde, la Constitución Nacional (en su reforma del año 1994) -en el artículo 75, inc.17-, dejó establecida una serie de derechos que se suman a los consagrados en los instrumentos de rango internacional. Hoy en día, son los que dan lugar a cientos de reconocimientos territoriales enmarcados en la ley 26.160 y sus prórrogas, que desde 2006, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, e impide los desalojos.

Actualmente, el INAI integra y trabaja en forma protagónica con mesas interministeriales para abordar las distintas problemáticas en forma interseccional, con la premisa básica de propiciar y fortalecer las articulaciones entre los distintos organismos a fin de concretar las acciones pautadas. Este Instituto –en sintonía absoluta con lo establecido por el presidente Alberto Fernández- promueve y protege los derechos de los pueblos originarios, como así también desarrolla y coordina las políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación intercultural, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales.

Reflexión histórica

Durante muchos años en la Argentina, el 12 de octubre fue conocido como el Día de la Raza. Esta conmemoración se originó en 1917, a través de un decreto presidencial. El siguiente texto de 2007, analiza las múltiples causas por las cuales se promulgó el decreto en las primeras décadas del siglo XX. Así devela un proceso mucho más complejo que lo que hoy podríamos entender como anti-indigenista y al mismo tiempo da cuenta de los cambios en las formas en las que las sociedades construyen su historia y su legado a través del tiempo.

A fines de la década de 1990 un grupo de diputados argentinos, entre los que se encontraban Elisa Carca, Juan P. Cafiero, Elisa Carrió y Héctor Polino, presentaron un proyecto de ley para derogar el «decreto presidencial del 4 de octubre de 1917 por el cual se instituye el 12 de octubre como Día de la Raza». Sostenían en su propuesta que no pretendían crear nuevos antagonismos entre las culturas participantes de nuestra sociedad pero que «no se puede condenar a los pueblos originarios ni a nosotros mismos a conmemorar como Día de la Raza o “encuentro de dos culturas” la fecha que dio inicio al mayor genocidio ocurrido en nuestro continente». Fundamentaron su pedido en datos históricos que caracterizan a las grandes potencias europeas de los siglos XV y XVI como imperios coloniales que no dudaron en saquear a este continente nuevo, masacrando y esclavizando a su población. Primero fue el Imperio Español, usando una donación del papa Alejandro VI2 como argumento jurídico; luego hicieron lo suyo Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. El proyecto sostenía, por último que la situación actual de marginación, transculturación y hambre de los pueblos originarios también «tiene su arraigo en un sistema educativo» que desconoce los aportes de las comunidades aborígenes, brindando sobre ellos información distorsionada y carente de valor, con una visión que prioriza la mirada europea por sobre la argentina.

Cuando Burckhardt dijo «lo que a una época le parece bien» hablaba sobre un presente que se interroga a sí mismo y busca respuestas en lo que ya ha acontecido asignando valor o desvalor a las cosas y sucesos. Además, Burckhardt usó el término advertir en su doble acepción; por un lado es hacer notar, observar, fijar la atención, por otro es enseñar, prevenir, y, en este último sentido, se relaciona el pasado y el presente con el futuro, porque prevenir es preparase anticipadamente para algo que ocurrirá después. Nos resulta fácil entender, con la guía del razonamiento de este historiador, que el proyecto presentado por los diputados citados se enmarca en una sociedad en la cual grupos numerosos son proclives a repensar los problemas de las comunidades aborígenes valorando positivamente la resistencia que estas comunidades mantienen desde hace siglos. De ser así, podría inferirse que la sociedad en general se piensa a sí misma, en prospectiva, como respetuosa de los derechos a la vida, a la propiedad de la tierra y a la libertad de todos los grupos humanos que la conforman.

Demás está decir que el proyecto mencionado no prosperó y sigue en pie el decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen, refrendado por sus ministros Gómez, Salaberry, Álvarez de Toledo, Salinas, Pueyrredón, González y Torello. Aquel decreto, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, declara fiesta nacional al 12 de octubre y no se refiere en ninguno de sus apartados al Día de la Raza, como se lo conoció después, aunque la opinión pública lo asoció a esa idea porque de esa manera se lo festejaba en España. La decisión de promulgarlo se basó en la solicitud realizada en primer lugar por la Asociación Patriótica Española (que se analizará después) junto a otras instituciones, tanto hispanas como argentinas. Entre sus considerandos, el decreto sostiene que el descubrimiento fue el acontecimiento de mayor trascendencia de la humanidad, que dicho prodigio se consolidó con la conquista, empresa ardua y ciclópea que obró el milagro de civilizar una inmensa heredad. El milagro al que se refiere sólo fue posible por el aporte de la sangre de los guerreros, el denuedo de los exploradores, la fe de los sacerdotes, el preceptismo de los sabios y la laboriosidad de sus artesanos.

Es evidente que a la sociedad de aquella época (1917) le pareció bien advertir la llegada de Colón a la Isla Guanahaní3 como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, pues se consideraba ese hecho como el primer paso hacia la integración de todo el continente, llamado luego americano, a la civilización occidental. Esta forma de ver el mundo respondía a una concepción en la que Europa era el modelo de desarrollo histórico al que había que integrarse e imitar, mientras que América era vista como vacía, sin pueblos de los que valiera la pena hacer mención. En ella los europeos modelaron una nueva cultura surgida de la mezcla de la naturaleza americana, por un lado y el bagaje cultural del Viejo Mundo, por el otro. Analizando esa mentalidad de comienzos del siglo XX a la luz de la frase de Burkhardt y con la segunda acepción de la palabra advertir, no es difícil darse cuenta de que la advertencia era constituir una sociedad semejante a la europea: formar y consolidar para el futuro una nación sin aborígenes.

¿Cómo fue posible, entonces, que un gobierno considerado popular no tomase en cuenta a esos grupos que eran parte de la sociedad? ¿Es que los hombres en el poder tenían en mente, aun antes de que se formulara, la idea los argentinos descendemos de los barcos4?

Transcurridos casi 90 años de la redacción del decreto quizás sea posible advertir la multiplicidad de causas que se entramaron para provocar su promulgación, descubriendo o develando un proceso mucho más complejo que lo que hoy podríamos entender como anti-indigenista. Para ello se hace necesario poner en contexto los hechos, como telón de fondo donde va a producirse una escena, presentando luego a los actores que ejecutarán la acción.
*EL CONTEXTO
*La sociedad argentina a principios del siglo XX
En 1869 el presidente Sarmiento mandó a realizar el Primer Censo Nacional, de su resultado se supo que la población ascendía a 1.800.000 individuos aproximadamente, aunque quedaban fuera de ese cifra las estadísticas de todos los territorios del Chaco y la Patagonia, zonas en las que los blancos casi no tenían acceso. Poner en marcha un proceso de modernización tal como lo soñaba la elite implicaba contar con mayor cantidad de brazos para trabajar, por lo que la idea alberdiana de «gobernar es poblar» se convirtió en objetivo político. Ese ideal fue instrumentado por la Ley Avellaneda (1876), que reguló la inmigración y la colonización y cuyos resultados numéricos sobrepasaron las expectativas, en particular durante el período 1902-1914, cuando el número de habitantes del país llegó casi a duplicarse.

Los inmigrantes que venían con el sueño de la posesión de la tierra comprobaron, en su mayoría, que ese era un sueño inalcanzable porque la clase dominante no estaba dispuesta a ceder o repartir las tierras. Se asentaron, entonces, en las zonas rurales como peones o arrendatarios. Casi la mitad de los que habían llegado se volvieron a sus países de origen y otros tantos se instalaron en las ciudades, donde las oportunidades de ascenso social eran más amplias, colaborando así en el proceso de urbanización que transformó la fisonomía del país.

Entre aquellos inmigrantes llegados al país fue destacándose la inmigración española, que como hecho masivo se inició después de que la Argentina proveyó pasajes gratis o subsidiados. Según los datos estadísticos la inmigración española en la Argentina fue aumentando en cantidad y también en porcentaje con respecto a otras nacionalidades tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Período

Saldo migratorio

Porcentaje sobre el total de inmigrantes

1861-1880 40.273

1881-1900 208.043

1901-1920 669.652

El estudio de los censos nacionales nos da cuenta del crecimiento de la población española en comparación con otros grupos nacionales. En 1869 constituía el 16,1% de los extranjeros, en 1895 el 19,8% y en 1914 el 35,2%. En ese último año llegaron a igualar a los inmigrantes italianos y algunos estudiosos sostienen que tenían una mayor tendencia a la permanencia estable puesto que su índice de masculinidad era mucho menor que el de los italianos.5

Al mismo tiempo se producía la expansión ferroviaria, la instalación de los grandes frigoríficos (ingleses, estadounidenses y argentinos) que, junto con la construcción de la infraestructura portuaria y de provisión de servicios, dinamizaron la economía, facilitando la formación de amplios sectores de clase obrera y también de clase media constituida por empleados (en especial del Estado), profesionales, artesanos, pequeños industriales y comerciantes. Esta clase media, concentrada en los centros urbanos, estaba formada en gran parte por los inmigrantes y sus descendientes.

Otros grupos humanos que vivían en las zonas recientemente ocupadas por los blancos: Misiones, Chaco y la Patagonia, casi no eran tomados en cuenta por su situación «incivilizada». En las décadas de 1870 y 1880 se habían eliminado las fronteras internas con la llamada Campaña del desierto, eufemismo utilizado para ocupar territorios hasta ese momento en manos de las naciones aborígenes integrándolos a la producción. A principios del siglo XX los grandes estancieros del sur querían desembarazarse del problema indígena usando al ejército y aun a matones a sueldo. En el Chaco, donde las tribus diezmadas habían perdido casi toda su capacidad de ataque, eran señaladas por los colonos como peligrosas. Eran esos mismos colonos quienes demandaban una mayor seguridad al mismo tiempo que señalaban la poca afección de los indios al trabajo y, por lo tanto, mientras que reclamaban su sometimiento para que se integrasen como mano de obra en la transformación productiva regional. ¿Quiénes sino ellos trabajarían en el surco, en la zafra y en el ingenio azucarero? ¿Quiénes sino ellos podrían talar el monte o levantar la cosecha de algodón? En este marco el gobierno nacional tenía una política contradictoria: por un lado, hablaba de la necesidad de someter los últimos vestigios de la barbarie, pero al mismo tiempo proponía la conquista pacífica de los suelos que ocupaban esas tribus. Esta ambigüedad facilitó el uso de la violencia como práctica constante y generalizada para superar los conflictos. Prueba de ello fue que en 1911 el coronel Rostagno se hizo cargo de la División de Caballería con el objetivo de «barrer» la costa del río Pilcomayo. Si bien los informes oficiales de la campaña no hablan de batallas, el acorralamiento y la incorporación compulsiva de las tribus fueron el caldo de cultivo donde se gestaron los grandes levantamientos posteriores a 1918. Casi al mismo tiempo y dentro de lo contradictorio de la situación había surgido la necesidad de regular las relaciones con estos grupos y de protegerlos, siendo Juan Bialet Massé6 uno de los primeros en mostrar esta problemática en su Informe sobre el Estado actual de las clases obreras argentinas (1904) y en su posterior Proyecto de Creación del Patronato Nacional de Indios. Recién en 1912 el gobierno nacional estableció por decreto la creación de la Dirección General de Territorios Nacionales, encargada de «aplicar leyes, decretos y disposiciones que se dicten sobre reducción, protección e instrucción», porque era urgente ocuparse de las «tribus cuyo sometimiento vaya obteniéndose». En la práctica, reducción significaba confinamiento, separación, segregación; protección implicaba que los indígenas no estaban en condiciones de obrar por sí mismos; e instrucción era aislarlos, desgajarlos de las pautas culturales ancestrales. Durante la presidencia de Victorino de la Plaza (194-1916), y como coronación de una política segregacionista, se creó la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios.

Como puede verse, el tema indígena estaba presente en la opinión pública, teñida por la mentalidad de la época: existen las razas y entre ellas hay diferencias. Algunas son más dotadas por la naturaleza, otras menos. Entre las razas menos beneficiadas se consideraban los indios americanos, difíciles de civilizar y por lo tanto obstáculo para la expansión de los adelantos de la modernidad. Estos conceptos, que ahora son reconocidos como racistas, daban sustento ideológico a las Campañas del Desierto aquí y en otros países, y al mismo tiempo sirvieron al reparto imperial de Asia y África hecho por los europeos y al destino manifiesto de los Estados Unidos. No debe olvidarse que en esos años el presidente estadounidense Theodor Roosevelt diseñó la llamada política del «gran garrote» para justificar el sometimiento de pieles rojas, esquimales y otros pueblos.
*La situación en España
Durante el siglo XIX España no parecía un país del occidente europeo. Sin industrias, con un gran atraso económico y social, se vio envuelta en constantes asonadas o golpes de Estado liderados por diferentes facciones militares y civiles. En 1868 la proclamación de una república intentó iniciar un proceso democratizador que fue cruentamente abortado por la restauración borbónica en 1873, y muchos de los involucrados en la experiencia republicana marcharon al exilio. Pero el fin de siglo traería a España un dolor mayor, la pérdida de Puerto Rico y Cuba, sus últimas colonias en América. El país se conmovió por la sensación de haber perdido no sólo esos territorios sino el imperio espiritual que había supuesto la idea de Hispanidad.

España necesitaba buscar en su pasado un acontecimiento que le devolviese, aunque fuera en parte, una identidad o quizás un sentido de unidad compartida por todos los grupos políticos que venían enfrentándose y disputándose el poder a lo largo de la centuria. Y ese acontecimiento podía ser la gesta colombina, que había cambiado la historia de todo el mundo. Al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento, en 1892, la reina de España, Doña María Cristina de Habsburgo7 firmó un real decreto en el que se expresaba el propósito de instituir como fiesta nacional el aniversario del día en que Colón había llegado a América. Dado el carácter católico del pueblo y de la monarquía española la celebración patriótica8 adquirió un sesgo religioso, también consecuencia lógica del carácter evangelizador de la conquista.

Ya en 1880, el escritor Menéndez y Pelayo había interpretado la identidad española como una esencia en la que la idea de raza o casta se unía a la de ortodoxia religiosa. Patria, raza y religión sería el núcleo dominante de la intelectualidad conservadora española de principios del siglo XX, y con el correr de los años llegaría a ser sustento del esencialismo franquista. Algunos propusieron la recuperación ideológica del pasado para los españoles, de manera que pudieran proyectarse en el futuro y desembarazarse de la mala reputación en el extranjero. Entre ellos, Rafael Altamira y Crevea (1866-1951), uno de los más grandes catedráticos del momento, delineó un programa cultural de cooperación e intercambio en la educación para restablecer los lazos rotos con América. Desde su punto de vista, el mayor defecto del carácter nacional era la falta de solidaridad entre españoles y creyó que sólo mediante una modernización en la educación España sería capaz de formar parte del mundo moderno. Lo importante era mirar en la historia las contribuciones que la nación española había dado a la humanidad; para los historiadores católico-nacionales de su tiempo lo importante era de nuevo resaltar ese particular genio de la raza (o en términos religiosos, alma española), su diferente espiritualidad, su forma de ser inigualable.

Por supuesto no fue esta la única manera de pensar a España desde España. En 1898, año de la guerra por la independencia de Cuba, la literatura española presentó al mundo un conjunto de creadores llamado Generación del 98, cuyos mayores representantes fueron Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós. Ellos estaban preocupados por mostrar la realidad multifacética (hoy quizás le diríamos multicultural) de la nación. Buscaban superar la idea de una España arcaica, anclada en la tradición, en el aislamiento, «esperpéntica» al decir de Unamuno.
*La Asociación Patriótica Española
Por su influencia en la promulgación del decreto del 4 de octubre de 1917 no puede soslayarse un análisis particular de la genealogía y el actuar de esta asociación.

La masa de inmigrantes españoles llegados a la Argentina no era homogénea. Algunos de ellos habían arribado antes del gran alud inmigratorio, logrando una posición acomodada desde el punto de vista económico. Entre ellos la mayoría se dedicaba al sector terciario y a la importación de productos europeos; otros eran dueños de fábricas. También había profesionales con títulos universitarios que habían recurrido al exilio cuando la restauración monárquica en 18739. Estos últimos habían llegado a estas tierras contando con importantes vínculos con la elite criolla.

El asociacionismo y el mutualismo fueron estrategias para el mejoramiento de la vida cotidiana que facilitaron a algunos de los miembros de la elite inmigrante el acceso a lugares de poder. Desde muy temprana data habían fundado la Asociación Española de Socorros Mutuos (1857) con entidades gemelas en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires: Flores, Belgrano, La Boca y San Bernardo. También de 1857 es la Sociedad Española de Beneficencia. Otras entidades aglutinaron a la elite española: el Club Español (1866) y la Asociación Patriótica Española (1896). Se mezclaban en esta última muy diversas tendencias ideológico-políticas: monárquicos y republicanos; liberales y conservadores, pero todos coincidían con la idea de defender el buen nombre español. Sus objetivos eran patrióticos en el sentido de ayudar a la tierra de origen en casos de necesidad y contra toda acción o idea que pusiera en peligro lo español. Prueba de esto es su misma creación como parte de una actitud anti-norteamericana agravada por el intervencionismo yanqui en el Caribe y en especial por el apoyo a la revolución independentista cubana. Varios años después esta misma asociación realizaría una reunión de desagravio a la bandera española, como respuesta a la quema de una insignia hecha por militantes ácratas que protestaban por el fusilamiento del maestro anarquista Ferrer en España (1909).

Las funciones de la asociación eran múltiples, y abarcaban desde las tareas asistenciales para los inmigrantes hasta actividades culturales que difundieran en la Argentina el movimiento de renovación literaria, artística y científica de España posterior a la Guerra de Cuba. Como consecuencia directa de esos objetivos constituyeron la Institución Cultural Española, en 1914, que fomentó el intercambio de académicos entre Argentina y España, siendo las visitas de Menéndez Pidal (1914), Ortega y Gasset (1916) y Rey Pastor (1917) las más recordadas.

Los directivos de esta Asociación formaban parte de comisiones de otras varias asociaciones y aun de la Banca de la colectividad. Muchos de ellos y sus hijos oficiaron de mediadores entre la elite argentina y las nuevas oleadas de recién llegados que, ya se ha visto, constituían una masa numéricamente muy importante. Tenían un fluido diálogo con una parte de la elite. La posición económicamente privilegiada y la constitución de esa red de asociaciones les dio la posibilidad de conseguir mejoras sustanciales en su actividad, de ocupar puestos políticos secundarios como concejales municipales, dado que la ley electoral así lo permitía, y de lograr cierta influencia en la toma de decisiones de los gobiernos de turno.
*Política y educación en las primeras décadas del siglo XX
En la Argentina, desde la Organización Nacional, en 1853, el gobierno estaba en manos de la elite que garantizó su permanencia en el poder mediante el fraude electoral, facilitado por el voto público y facultativo (no obligatorio) y la confección del padrón en el mismo momento y lugar de los comicios. Contra el fraude, que comenzó a denominarse la maquinaria electoral, y contra los acuerdos espurios a espaldas del electorado, se alzaron algunas voces y se organizó, en 1892, la Unión Cívica Radical liderada por Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle e Hipólito Yrigoyen. Ese nuevo partido político representaba las aspiraciones de las nuevas clases medias urbanas y junto con ellas crecía en organización y en sustento popular.

La elite que había propiciado la inmigración, imaginando quizás inmigrantes ideales, más cercanos a los sueños que a la realidad concreta, a comienzos del siglo XX ya mostraba su desilusión por la composición de los recién llegados. Los inmigrantes obreros eran el sector más numeroso de la población; soportaban jornadas laborales diarias de más de 16 horas de trabajo sin descanso semanal y en muchos casos bajo condiciones infrahumanas, razón que los llevó a organizarse y luchar con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Sus reclamos fueron cada vez más frecuentes, y en las dos primeras décadas del siglo XX se destacaron los anarquistas, socialistas y sindicalistas como líderes de los reclamos sociales.

La oligarquía había supuesto que la educación podía modelar un sujeto obediente y funcional al sistema imperante, para lo cual se sancionaron leyes como las de Educación Común y la de Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, esa legislación no alcanzó para moldear subjetividades conformes al limitado modelo de ciudadanía restringida que querían imponer. Para los que no se adaptaban fueron sancionándose leyes represivas como la Ley de Residencia, que castigaba con la deportación a los extranjeros por delitos comunes o por perturbar el orden público. Alrededor de los festejos del Primer Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, se vivió esta dualidad. El objetivo de los poderosos era mostrar al país y al mundo una Argentina en constante progreso y armonía tanto dentro de sus fronteras como con los estados extranjeros. Con ese propósito fue invitada oficialmente la infanta Isabel, tía del rey Alfonso XIII. Su presencia hacía evidente la consideración de España como la Madre Patria de estas, sus antiguas colonias. Sin embargo, los conflictos y la violencia aumentaban a tal punto que el presidente Figueroa Alcorta declaró el Estado de sitio días antes de que comenzaran las Fiestas Mayas.

La xenofobia criolla aumentaba en relación directa con la conflictividad social. Poner el acento en la política educativa era una forma de mantener la esperanza en la posibilidad de volver a eliminar la barbarie. Si las generaciones anteriores habían terminado con el problema de los indios y de los gauchos, ahora habría que hacerlo con estos «neo bárbaros», los inmigrantes. Ese había sido uno de los objetivos de Ricardo Rojas al escribir La restauración nacionalista, publicado en 1909 por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En esa obra, Rojas se basaba en los estadios de la evolución social pensados por Augusto Comte (padre de la sociología), para delinear tres etapas en el desarrollo de una identidad patriótica argentina. El primer momento, casi elemental e instintivo, estaba vinculado a la vida indígena que se conforma con la conservación personal y la defensa de la tierra; el segundo momento o estadio religioso, en el que se destaca el mestizaje, es coincidente con la fundación de ciudades y la aparición de valores económicos y éticos. Por último el estado positivo coincide con el período en que Rojas está produciendo sus ideas y es simultáneo al dominio de la elite blanca. No cualquier blanco participa de esta empresa, debe confundirse en un ideario particular, por eso Rojas decía «Nosotros no abrimos las puertas de la nación al italiano, al francés, al inglés en su condición de italiano, francés, o inglés; se las abrimos en su calidad de hombre simplemente. Cuando ese hombre conviértese en campeón de sus prejuicios políticos de italiano, francés o inglés, ese hombre traiciona nuestra hospitalidad.» Pocos años después, en 1913, la revista del Consejo Nacional de Educación, El Monitor, presenta la forma ideal de confundirse en ese ideario particular llamando a imitar el modelo social y político japonés en estos términos: «En el Japón no existe diferencia entre el individuo y el Estado; cualquiera que ataque al Estado, ataca a cada uno y a todos los súbditos del Japón. El patriotismo por sí solo, es una inmensa fuerza natural pero cuando se une a la lealtad al soberano y a la veneración religiosa, es omnipotente en los asuntos mundanos.»

La semilla del autoritarismo más cerrado, que en la década del 30 se constituiría como la esencia de la nacionalidad, todavía no había fructificado pero ya había sido sembrada.
*La presidencia de Yrigoyen (1916-1922)
En la primera década del siglo XX la lucha social y política logró que la oligarquía cediera en su intransigencia y diese paso a una propuesta reformista. La elite aceptó algunos cambios en el régimen de gobierno para atenuar la conflictividad social y salvaguardar su tradicional modo de vida y su permanencia en el poder. Fue entonces cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, obligatorio y universal (para los varones nativos), y la lista incompleta, que garantizaba la representación de las minorías. La ley entró en vigencia para la elección presidencial de 1916, en la que triunfó Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical.

Las ideas filosófico-políticas de ese viejo caudillo del radicalismo se cimentaban en bases éticas comprometidas en la entrega solidaria al bien común. Ponía el acento en la reforma interior de los individuos con la razón y la libertad como ideales a ser alcanzados, y de las cuales surgirían responsabilidades asumidas con conciencia individual y social. En este punto podría decirse que había una aproximación de sus ideas a las ideas del krausismo español10 que se divulgó en la Argentina a partir de 1880, y que muchos inmigrantes hispanos llegados con títulos profesionales habían conocido durante sus estudios universitarios.

El contexto internacional era poco favorable cuando Yrigoyen inició su mandato. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) estaba en pleno desarrollo. España no intervino en ella y la Argentina se declaró neutral11, por esta razón se sucedieron una serie de gestos amistosos entre ambos países. Además, esas coincidencias tenían una base ideológica común: el rechazo a la política intervencionista yanqui, especialmente en el Caribe y su expansión económica en los países del sur del continente.

Yrigoyen llegó a la presidencia con la esperanza de los sectores medios, que siempre lo habían apoyado, y con la oposición de los conservadores, los demócratas progresistas y los socialistas. La alegría y el fervor popular manifestados el día de su asunción y el estilo que imprimió a su gobierno fueron muy mal vistos por quienes antes detentaban poder, que lo tildaron de populachero. Tuvo que enfrentar al Congreso, con una Cámara de Diputados en la que nunca tuvo mayoría absoluta y un Senado opositor, que sistemáticamente impidió la sanción de las leyes necesarias para que sus proyectos se concretaran. Tampoco tuvo apoyo entre los gobernantes conservadores de la mayoría de las provincias, que habían sido elegidos en forma fraudulenta, ni en el ejército que lo criticaba de favoritismo con los oficiales que habían participado en las revoluciones radicales. Uno de los argumentos más usados para vilipendiarlo era la gran cantidad de apellidos de origen inmigratorio que campeaba en los elencos administrativos de su gobierno. Pero el desprecio de la oligarquía por él aumentó con la costumbre de recibir en la Casa de Gobierno a todos los sectores sociales y de mediar en los conflictos. Matías Sánchez Sorondo habló por toda la elite cuando dijo: «un pueblo culto renegó de su tradición, pasado y cultura, para entregarse a un cacique».

*12 de Octubre, ¿una fiesta o un duelo?
En una época en la que la sociedad estaba influenciada por ideas racistas, y la cuestión aborigen era percibida –tanto en nuestro país como en el mundo occidental– como un problema o, en el mejor de los casos, como una etapa primitiva que debía superarse en el camino de la civilización, podría quizás advertirse que confluyeron en la promulgación del decreto múltiples causas en búsqueda de una identidad común.

La oligarquía, ya se ha visto, venía redescubriendo la tradición española que había sido despreciada durante parte del siglo XIX, pero en este caso se recreaba esa raigambre en su dimensión más conservadora: un pueblo que acepta la sumisión a una monarquía y a una iglesia. Los aborígenes y los grupos criollos mestizos despojados de sus territorios habían sido acorralados y obligados a vivir en situaciones de miseria o a integrarse como peones de ingenios, quebrachales y estancias pero sumidos en regímenes análogos a la esclavitud ya abolida. Lo más granado de la inmigración, que en parte era la base electoral del radicalismo, ofrecía un hecho memorable que podía convertirse por la educación en el pasado heroico común, que aglutinara un abanico de culturas en una nueva identidad.

Un partido político y su caudillo llegaban por primera vez al poder concentrando el odio de las clases dominantes que lo igualaban a un líder de los grupos considerados fuera de la civilización.

Entonces, ¿en quién apoyarse sino en los inmigrantes más funcionales al sistema? ¿Con quiénes aliarse para crear un mínimo consenso en la opinión pública? ¿Quiénes podían ser el reaseguro de una masa electoral favorable?

Desde aquel 4 de octubre de 1917 han pasado casi 90 años. Con la serenidad que da la distancia temporal quizás haya llegado el momento de repensar las condiciones en que se decretó una fiesta que quería darle más peso a los valores que se consideraban positivos en cuanto a la búsqueda de una identidad común y de la cual quedaban excluidos los grupos indígenas. En la actualidad es posible encontrar muchas ciudadanos descendientes de los inmigrantes que creen pertinente continuar el festejo. También se escuchan las voces de los descendientes de los pueblos originarios que piden sea considerado el día 11 de octubre como una jornada de duelo por simbolizar el último día de libertad de los pueblos aborígenes. A ellos no se los nombra en el decreto, pero tampoco se nombra a otros grupos que quedaron eliminados de la posible participación en el mito del crisol de razas que se enseñó como origen de nuestra nacionalidad. Fuera quedaron todos los inmigrantes que reclamaron, que pusieron en duda el sistema, que lucharon por una sociedad más justa.

¿Qué será posible advertir hoy? Teniendo en cuenta que advertir es observar, hacer notar, sería posible profundizar en el debate acerca de la forma en que se organizó nuestro país, se formó nuestro sistema educativo y se eliminó el «problema» del gaucho y del indio, modelo que luego se aplicó a los inmigrantes considerados rebeldes y peligrosos. Podríamos fijar la atención en que una memoria impuesta como única es solo parte de la verdad, en el mejor de los casos.

¿Qué advertir hacia el futuro, en el sentido de prevenir? Quizás debamos poner en juego todas nuestras memorias para confluir en un día de los pueblos o de las naciones en el que se festeje la multiplicidad de nuestras culturas y al mismo tiempo hagamos duelo por nuestros antepasados que soñando con su libertad, con un futuro mejor, nos dejaron en herencia los relatos de sus luchas.

*BIBLIOGRAFÍA
Clementi, H. (1991) «Positivismo y krausismo». En Inmigración española en la Argentina. Seminario 1990. Buenos Aires: Oficina Cultural de la Embajada de España.

Gagliano, R. (s.f) «Nacionalismo, inmigración y pluralismo cultural. Polémicas educativas en torno al Centenario». En Puiggrós, A. Historia de la Educación en Argentina. Buenos Aires: Galerna.
1. Carl Jacob Christoph Burkhardt fue un historiador suizo (1818-1897) enrolado en el positivismo, por lo que fue muy criticado. Fue autor de importantes aportes metodológicos, en especial a los procesos de tipificación.

2. Alejandro VI era de origen hispano. Dentro de un plan estratégico mayor y amparándose en el supuesto derecho del Papado a conceder tierras vacantes, donó en 1493 todas las tierras «descubiertas» por Colón y por descubrir a los Reyes Católicos, con el solo requisito de que evangelizaran a sus habitantes.

3. Colón bautizó esa isla como San Salvador y hoy es conocida como Watling. Pertenece al archipiélago de las Bahamas.

4. Corresponde a la frase que, por medio de la comparación irónica, pretende demostrar la falta de raíces de los argentinos. «Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos.»

5. Se llama índice de masculinidad a la cantidad de hombres que hay cada 100 mujeres. En ese momento 126,3 para los españoles y 158,9 para los italianos.

6. Médico y abogado nacido en España. Durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904) fue convocado por el ministro del interior, Joaquín V. González, para realizar un estudio sobre la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

7. Viuda de Alfonso XII de Borbón y regente de quien sería 10 años después Alfonso XIII.

8. El rey Alfonso XIII estableció esta fecha como Fiesta de la Raza y Fiesta Nacional para todas las ciudades españolas.

9. Entre los casos típicos pueden mencionarse Rafael Calzada, abogado que llegó a ser importante propietario de tierras y hombre influyente en la sociedad argentina, y el médico Juan Bialet Massé.

10. Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) fue un filósofo alemán muy difundido en España. Crítico de los poderes monárquicos y religiosos, inclinado hacia la transformación social reformista y armónica y partícipe de una especie de panteísmo distante de las religiones constituidas en iglesias.

11. La declaración de neutralidad se realizó durante el mandato de Victorino de la Plaza (1914-1916).